SINDICATO ÚNICO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL SECTOR FINANCIERO – “SINTRASECFIN”

 

 

SINTRASECFIN, Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Sector Financiero, informa a la ciudadanía en general que rechaza el interés del gobierno nacional de acabar con las garantías laborales y legalizar la contratación de las trabajadoras y trabajadores con componendas que están por fuera de la constitución nacional.

SINTRASECFIN considera que las manifestaciones realizadas por el presidente de la República y su gabinete ministerial a través de diversos medios de comunicación, en vez de desmentir las versiones que sobre esa precariedad laboral pretende legalizar, son una clara confirmación de que ese es su propósito, pues no otra cosa quiere decir cuando procede a promulgar el decreto 1174 de 2020 donde busca brindarle garantías al sector corporativo a costa de los beneficios laborales que ha logrado el trabajador en su lucha colectiva durante décadas maximizando la conservación y mejoramiento de sus logros en el ámbito salarial, a través de un salario que dignifique al trabajador y cubra sus necesidades básicas insatisfechas y una seguridad social que cubra al entorno familiar del trabajador sin retricciones y limitaciones al servicio.

La anterior norma hace parte de la reforma laboral y pensional que estaba cocinando el gobierno, disfrazada de protección a trabajadores y a los adultos mayores, adornada con palabrería sobre cobertura, equidad y sostenibilidad, dirigida a confundir a la sociedad colombiana. Para el gobierno mejorar las condiciones socio económicas de la población las tasa con el argumento que más del 60% de los colombianos labora en la informalidad y para ello desea brindar salud mediante el sistema contributivo, para la protección de la población mayor, los Beneficios Económicos Periódicos, BEPS, que a cambio de una pensión digna ofrecen mesadas mínimas de $40.000 y los riesgos laborales los disfraza con un microseguro.

Con este nuevo esquema planteado por un gobierno que dá al empresariado y quita al eslabón más débil de la cadena productiva, que les espera a las nuevas generaciones para las que se legalizan los contratos por horas, con ingresos mensuales por debajo del salario mínimo, que hoy está amparado por la Constitución Política. La equidad la interpreta como suprimir los aportes presupuestales a las pensiones, lo cual es una obligación social del estado en favor de las mayorías en todas las latitudes, con el verdadero propósito de dedicar esos recursos al pago de la abultada deuda pública interna y externa, que solo favorece a unos pocos magnates financieros.

A los afectados que son todos los que perciben un salario les ofrece el “equitativo” destino de percibir en la vejez una mesada ínfima en función de sus ahorros. Por último, la llamada sostenibilidad se basa en esgrimir cálculos acerca del dinamismo poblacional, que según el gobierno hace inviable el esquema de reparto o solidaridad intergeneracional, siendo que la causa real de la crisis pensional radica en haberles entregado las cotizaciones a los fondos privados mientras el estado se quedó con el pago de las pensiones.

Mientras así piensa abatir los derechos de las mayorías, el mal actuar del gobierno evidencia en que apuntala normas de hace 20 años para saciar los apetitos individuales de los altos funcionarios que no están para servir a la ciudadanía sino para engullirse el presupuesto nacional.

Para rematar, con el llamado “holding financiero estatal”, creado so pretexto de ahorrarle al estado más de 7 billones de pesos, y que incluye empresas dedicadas a cumplir funciones sociales como son la protección a la vejez, salud, educación y cesantías, entre ellas, la Nueva EPS, Fiduprevisora y Colpensiones, se concreta otra jugada del actual gobierno para privatizar estas entidades y favorecer la especulación financiera privada, cuyo único interés es obtener abultadas ganancias, y no proteger el patrimonio público ni mejorar la calidad de vida de los colombianos.

Por todo lo anterior, más las reformas de otros sectores que prepara el gobierno, como las anunciadas a la salud y los servicios públicos para congraciarse con el sector corporativo, llamamos a todos los ciudadanos, jóvenes y viejos, empleados formales e informales, desempleados, obreros, técnicos, profesionales, amas de casa a salir y defender lo que la misma constitución nacional nos garantiza y detener este tipo de regulaciones que atentan contra el bienestar de 50 millones de colombianos en beneficio de la opulencia de un sector minoritario de esta sociedad.

 

SINTRASECFIN